Estados Unidos. Washington pide suspender norma que entraría en vigor el 2 de mayo, alegando barreras comerciales injustas. Bogotá responde con intención de negociar.
El gobierno de Estados Unidos elevó una seria advertencia al Ejecutivo colombiano por la inminente entrada en vigor de una regulación técnica en materia de seguridad automotriz, que podría frenar las exportaciones estadounidenses de autopartes hacia Colombia, estimadas en 700 millones de dólares anuales.
En una carta enviada el pasado 11 de abril a la ministra encargada de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque, el embajador Jamieson Greer —representante de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR)— pidió detener la implementación de las nuevas normas, programadas para entrar en vigencia el 2 de mayo. Según Washington, estas medidas desconocen los estándares de seguridad vigentes en EE.UU. y podrían traducirse en sanciones comerciales.
“El cambio de requisitos por parte de Colombia sin presentar evidencia de que los actuales métodos de certificación no cumplen con los objetivos de seguridad y rendimiento constituye una práctica comercial injusta”, afirmó Greer en el documento.
La principal preocupación de EE.UU. es que la normativa colombiana excluiría las certificaciones de la Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), ampliamente utilizadas en el comercio automotriz internacional. Esta decisión, advirtió Greer, podría desencadenar acciones inmediatas por parte de su gobierno.
La Oficina de Comercio estadounidense fue clara en señalar que, de mantenerse la decisión de Colombia, podría cesar completamente la importación de autopartes desde EE.UU., con consecuencias significativas para ambos países.
Entre los impactos previstos están mayores costos para consumidores colombianos, limitaciones en el acceso a vehículos más seguros y modernos, y posibles pérdidas de empleos en el sector de ventas y servicios automotrices.
“Las regulaciones de Colombia obstruirán el comercio entre EE.UU. y Colombia y alterarán su economía sin una expectativa razonable de mejoras en la seguridad pública”, alertó el embajador.
Aunque Washington respalda el objetivo colombiano de mejorar la seguridad vehicular, insiste en que ello no debe lograrse a costa de levantar barreras al comercio.
Frente al aumento de tensiones, el gobierno colombiano radicó formalmente una comunicación ante las autoridades estadounidenses para iniciar un proceso de diálogo orientado a reducir o eliminar el arancel del 10 % que afecta a las exportaciones colombianas. El mensaje es claro: Colombia está dispuesta a negociar.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que este paso puede abrir una puerta a la solución, pero también advirtió sobre los temas pendientes que podrían dificultar el camino.
“Tanto las órdenes ejecutivas como las declaraciones del presidente Donald Trump han dejado claro que los aranceles buscan abrir una puerta a la negociación. Como en toda negociación, es fundamental entender qué está realmente sobre la mesa y cómo podemos encaminar el proceso hacia un resultado positivo para Colombia".
Lacouture recordó que Colombia tiene ventajas competitivas relevantes en esta relación bilateral, como el Tratado de Libre Comercio vigente y una oferta exportadora complementaria a la estadounidense. Sin embargo, reconoció que persisten al menos diez temas sensibles en la agenda, incluyendo precisamente la certificación de autopartes, el impuesto ad valorem, temas de propiedad intelectual, la lucha contra la falsificación, y tributos digitales.
“Los avances concretos en estos puntos serán determinantes para que Colombia pueda entrar en una negociación que le permita excluir o reducir ese arancel del 10%. Para lograrlo también es importante un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Esta es la mejor estrategia para defender el acceso preferencial al mercado estadounidense y proteger el empleo de la inversión en Colombia”, afirmó.
Este cruce diplomático ocurre en un contexto de reconfiguración de relaciones comerciales y a solo semanas de que entren en vigor las nuevas normas técnicas. La advertencia de Washington deja poco margen de maniobra y plantea un desafío directo a la estrategia comercial del gobierno colombiano.
Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 2 de mayo, los próximos días serán decisivos para el futuro de las relaciones económicas entre ambos países.
