Colombia. La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) expresó su preocupación por el reciente aumento del salario mínimo en Colombia, al advertir que la medida genera presiones adicionales sobre los costos operativos de un sector altamente intensivo en mano de obra y compuesto, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el gremio, el impacto se sentirá especialmente en las empresas dedicadas a la comercialización, distribución y servicios de mantenimiento de vehículos y motocicletas, que enfrentan márgenes cada vez más estrechos en un entorno marcado por la inflación y la reorientación del consumo.
Si bien Asopartes reconoce la importancia de mejorar los ingresos de los trabajadores y avanzar hacia condiciones laborales más justas, subraya que los incrementos salariales deben guardar coherencia con la productividad, el comportamiento de la economía y la capacidad real de las empresas para absorber mayores costos sin afectar el empleo formal ni trasladar presiones a los precios finales.
El sector motriz opera a lo largo de una cadena extensa que incluye importadores, distribuidores, talleres, comercializadores y servicios técnicos, muchos de ellos pequeños negocios formalmente constituidos. En este contexto, un aumento del salario mínimo sin medidas de acompañamiento pone en riesgo la estabilidad de esta estructura empresarial.
Asopartes advirtió que el incremento tendrá efectos directos sobre los costos de operación en la posventa, el mantenimiento y la reparación de vehículos y motocicletas, segmentos clave para la movilidad diaria del país. Estos mayores costos, señaló el gremio, terminarán trasladándose a los usuarios finales, afectando el acceso a servicios esenciales y presionando el costo de vida.
Adicionalmente, la asociación alertó sobre el riesgo de un aumento en la informalidad, particularmente en actividades como talleres mecánicos, servicios técnicos y comercialización de autopartes, donde la estrechez de los márgenes dificulta absorber incrementos abruptos en los costos laborales. Según el gremio, cuando los costos crecen más rápido que la productividad, se reduce la capacidad de generar empleo formal y se incentivan esquemas informales que afectan la legalidad, la seguridad del consumidor y la competitividad del sector.
El pronunciamiento también señala que esta decisión se suma a otros factores que ya presionan la operación del sector, como la incertidumbre regulatoria, los costos logísticos, la carga tributaria y los retos asociados al contrabando y la ilegalidad, que impactan directamente a las empresas que cumplen con la normativa.
Finalmente, Asopartes hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las políticas laborales se construyan con un enfoque técnico y mediante un diálogo permanente con los sectores productivos, incorporando medidas que impulsen la productividad, reduzcan costos estructurales y fortalezcan la formalización empresarial.
El gremio reiteró que el país necesita una visión integral que proteja el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas que construyen legalidad todos los días, y que las decisiones económicas deben evaluarse no solo por su impacto inmediato, sino también por sus efectos sobre la estructura productiva.
